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EL GRAN CUENTO Y LAS BUENAS CUENTAS DEL "LIBRE COMERCIO."
LA POLÍTICA COMERCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA A FAVOR DEL GRAN CAPITAL EUROPEO.

Stefan Armborst
Comisión Internacional de Ecologistas en Acción.
Madrid, España.

 

Este texto comienza con algunas consideraciones sobre la naturaleza del proyecto hegemónico del “libre comercio”, sus funciones y los intereses de superpotencias comerciales como la Unión Europea (UE). A continuación, explica algunos rasgos de la política comercial exterior de ésta y cuál ha sido el papel de la Comisión Europea en la 4ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que tuvo lugar del 9 al 14 de Noviembre de 2001 en Doha (Qatar).

¿Qué se esconde detrás del proyecto hegemónico del “libre comercio”?

De cara al público, la UE presenta la apertura de las fronteras para bienes, servicios e inversiones como un requisito técnico imprescindible para el buen desenvolvimiento de una economía cada vez más globalizada con beneficios para todas y todos. Este aparente consenso oculta que el “libre comercio” es en realidad un instrumento indispensable para que las empresas transnacionales (ETN) organicen el mundo según sus intereses. Quieren conseguir que todos los aspectos de nuestras vidas se conviertan en mercancías para la compraventa y la inversión capitalista. La OMC es la expresión institucionalizada de estos objetivos que afianzan una ideología altamente tendenciosa y de relaciones de dominación en el marco de la economía capitalista global, a la que sirve como un poder ejecutivo supranacional.

El pensamiento único neoliberal elogia el “libre comercio” como panacea contra todas las “restricciones” que no se adaptan a las actuales necesidades y requerimientos del mercado mundial y sus leyes. “Liberalización” significa eliminar regulaciones, normativas y leyes que pueblos y gobiernos han determinado para proteger sus recursos, economías y derechos sociales. A mayor libertad para las empresas transnacionales e inversores extranjeros corresponde menor protección para un desarrollo centrado en las necesidades y derechos colectivos y los recursos propios. Casos como la ruina económica de Argentina no son accidentales, sino desenlaces inevitables de políticas neoliberales.

El “Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio” (GATT), creado en 1948, se limitó a la reducción coordinada de los impuestos de importación sobre bienes manufacturados. Pero desde los 70, los países más poderosos buscaron ampliar el ámbito de los acuerdos comerciales multilaterales para diseñar una economía cada vez más transnacionalizada y para imponer políticas neoliberales a nivel nacional. Crucial para ello fue la creación de la OMC (1995) con poderes legislativos por encima de los estados miembros y facultades para imponerles multas y sanciones comerciales.

Para ser país miembro en la OMC se debía aceptar el paquete entero de 15 acuerdos comerciales que salieron de la última ronda de negociaciones del GATT, la “Ronda de Uruguay” (1987-1994). Con estos acuerdos, EE.UU, Europa y Japón habían logrado incluir en la agenda de la OMC nada menos que la liberalización comercial en los sectores servicios, agricultura, inversiones y propiedad intelectual limitando así cada vez más la capacidad de los gobiernos a controlar y condicionar las ETN presentes en su territorio.

Desde el establecimiento de la OMC, el comercio exterior de EE.UU. y la Unión Europea creció alrededor de 25-30 %. Por otro lado: las desventajas comerciales de las economías periféricas implican no sólo balanzas negativas con el exterior, sino también crisis financieras, eliminación de industrias, reducción de empleo, destrucción social y ambiental, etc. Un “campo de juego nivelado” tal como lo impone la OMC consigue que las grandes empresas “más competitivas” se apoderen paulatinamente de inversiones, presupuestos públicos y mercados locales en las economías subalternas.


La política comercial exterior de la UE

La Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Canadá y México o el MERCOSUR entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, por un lado, y acuerdos multilaterales en el marco de la OMC, por otro, no son contradictorios entre sí. Más bien se complementan en el camino hacia un “libre mercado mundial”. La coexistencia de rivalidad y convergencia entre los estados comerciales poderosos se debe a que también las ETN compiten en esta lucha de alianzas estratégicas y fusiones – en una carrera loca por crear oligopolios regionales y/o mundiales en casi todos los ámbitos de producción y distribución.

Entre las instituciones de la Unión Europea, el protagonismo mayor corresponde a la Comisión Europea. Legalmente, la Comisión no es el gobierno de la UE. Los documentos oficiales constatan que se trata de “una institución cuya vocación es la representación totalmente imparcial del interés general”. Pero los diversos Tratados Europeos han otorgado a la Comisión amplios poderes legislativos, ejecutivos y jurídicos para decidir sobre todos los asuntos relacionados con el movimiento de bienes y servicios en el territorio del mercado único europeo y con la política comercial exterior de la Unión. En cambio, el Parlamento Europeo no tiene ningún derecho de ser escuchado en materias de acuerdos de comercio supranacionales.

En la cumbre oficial de la UE en Niza (7 y 8 de noviembre de 2000), el Comisario de Comercio Pascal Lamy y los grupos de presión empresariales lograron una modificación importante del artículo 133 del Tratado Europeo. Consiguieron su objetivo primordial, cambiar sustancialmente el reparto de poder de decisión entre los países miembros y la Comisión en lo que se refiere al comercio exterior. Ya en la Cumbre de Amsterdam (1997), la Comisión había adquirido la competencia exclusiva para elaborar propuestas y negociar asuntos relacionados con la política comercial exterior de la UE. Los estados miembros, sin embargo, mantenían el derecho de veto y cada acuerdo comercial (nuevo o renegociado) seguía requiriendo la ratificación por parte de los 15 parlamentos nacionales.

A partir de entonces, los grupos de presión y la burocracia europea emplearon una estrategia de paso a paso para socavar esta competencia mixta. Con la última revisión del Tratado Europeo en Niza pretendieron - en el lenguaje orwelliano típico del discurso de la UE – una “modernización de los procesos de toma de decisiones”. Con ello, querían que no se repita el fracaso de 1998, cuando por un veto francés se había bloqueado la realización del plan de crear una zona de libre comercio estadounidense-europeo a partir de 2010.

Consiguieron, que, desde el 2000 en adelante ya no sea función de los parlamentos nacionales, sino del Consejo Europeo ratificar los textos finales de acuerdos comerciales de la OMC sobre servicios y propiedad intelectual. Se trata del Acuerdo General sobre el Comercio en Servicios (véase el Ejemplo 2) y del Acuerdo relativo a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, en inglés TRIPS). Este último acuerdo permite a las grandes empresas farmacéuticas europeas controlar los mercados mundiales de medicamentos. Además, regula las “patentes sobre la vida” mediante las cuales se sigue expropiando a campesinos e indígenas y expoliando la biodiversidad mundial en búsqueda de beneficios para la gran industria agroquímica y agroalimentaria. Ambos acuerdos, junto con el Acuerdo sobre Agricultura, se están ahora renegociando dentro de la OMC. Estas revisiones son parte de una “agenda integrada” según la cual cada 5 años debe haber nuevas negociaciones para facilitar una “liberalización progresiva” del respectivo ámbito.

La centralización del poder de decisión sobre todo en la Comisión Europea significa que los grupos de presión empresariales encauzan sus demandas y proyectos directamente y sin interferencia hacia una burocracia a escala europea. Desarrollan una búsqueda de una estrategia ofensiva de ganar un espacio favorable para las empresas europeas en los mercados globales. Veamos ahora dos ejemplos:

- Ejemplo 1: La Comisión ofrece a “sus” empresas el poder de la OMC

El “Mecanismo de Solución de Conflictos” (DSB) de la OMC se ha convertido en un vigoroso tribunal para disputas comerciales entre estados. Las decisiones, tomadas por expertos no electos, se sitúan por encima de todos los demás acuerdos internacionales y por encima de cualquier parlamento. Los países miembros que, según el criterio de este tribunal, violen las reglas de la OMC, están expuestos a multas o sanciones comerciales. En sus 6 años de existencia, el DSB ha sido usado para eliminar un gran número de “barreras al libre comercio”.

Así, como tales barreras se han anulado 1) las leyes de patentes en la India que permitieron que casi durante tres décadas se suministraran medicinas baratas a la población pobre o 2) algunos intentos de reducir las emisiones de dióxido de carbono siguiendo las obligaciones del Protocolo de Kioto. En éstos y muchos otros casos, los intereses sociales y ecológicos de las mayorías han sido relegados a favor de la invasión por parte del capital transnacional. El mayor impacto del DSB yace, sin embargo, en el grado en que los mismos gobiernos y parlamentos restringen su capacidad ejecutiva y legislativa por el miedo a posibles represalias bajo las dinámicas de la OMC.

En una disputa comercial de esta índole, tanto la parte demandada como la parte acusadora son gobiernos. Todos los países miembros de la OMC tienen el mismo derecho de acceso garantizado al sistemas de quejas, pero en realidad no disponen de las mismas posibilidades para ello. El mecanismo favorece a los países industrializados. Primero porque requiere muchos recursos legales, técnicos y económicos para elaborar y llevar a cabo una queja. Segundo porque las sanciones comerciales son mucho menos amenazadores si provienen del Sur. Un vistazo detrás del telón de la supuesta igualdad de acceso a este arbitrario poder judicial mundial nos confirma que son las empresas transnacionales y sus grupos de presión quienes están moviendo los hilos y quienes incluso financian las quejas comerciales.

¿Cuál es el papel de la UE para facilitar los intereses comerciales de “sus” industrias? Ya, en diciembre de 1994, o sea, antes de la creación oficial de la OMC, el Consejo Europeo estableció, en su Reglamento 3286/94 sobre “barreras al comercio” , un procedimiento para entablar una queja comercial contra otro país frente al Órgano de Solución de Conflictos de la OMC.

Según este reglamento, ya sea un país miembro de la UE, o una empresa establecida en ésta, incluso un grupo de presión industrial pueden lanzar una propuesta de queja comercial. A continuación, la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea tiene la obligación de considerar si para tal caso una querella es legalmente válida, es decir, si una legislación o regulación de otro país miembro de la OMC pone en entredicho las disposiciones de un acuerdo de comercio (firmado y ratificado por este mismo país) afectando así negativamente a los intereses competitivos de una empresa y de una rama industrial.

Si en un plazo de 5 meses, la Comisión Europea decide que existen suficientes razones para considerar que se viola un acuerdo de la OMC, el proceso desembocará obligatoriamente en una queja oficial. Sólo mucho más tarde habrá lugar para un debate político, cuando el Consejo de Ministros tiene que decidir sobre posibles sanciones comerciales, después de que el procedimiento de solución de conflictos haya terminado a favor de la parte acusadora, en este caso la UE.

Pongamos como ejemplo el “caso pez espada”. Se convirtió en tema del debate público en el momento en que la Comisión Europea lanzó una queja contra Chile había prohibido la entrada de barcos europeos en sus puertos aduciendo que sus prácticas de sobrepesca ponen en peligro la supervivencia de los peces espada. El gobierno chileno basaba su medida en los acuerdos de Río de 1992 y en la Convención de la ONU sobre Derecho Marítimo. Detrás de la queja contra el país suramericano estaba la Asociación Española de Pescadores.

Dado que el caso provocó grandes convulsiones entre organizaciones ecologistas, la Comisión Europea lo sometió al escrutinio (no vinculante) del Comité del Artículo 133, un gremio de funcionarios con bastante influencia en asuntos de comercio exterior de la UE. En este gremio, sólo Dinamarca se opuso a enviar la queja a la OMC. El caso terminó con un arreglo negociado entre Chile y la UE: Chile permitió la entrada de un número reducido de barcos europeos a sus puertos y ambas partes hicieron una promesa solemne de cooperar al máximo en sus esfuerzos para salvar la especie en peligro de extinción.

- Ejemplo 2: La vida en venta con el acuerdo sobre servicios

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), cuya renegociación comenzó en 2001 y debe terminar en 2005, abarca la liberalización de 180 categorías de servicios, lo que atañe a la vida diaria de toda la población, a todos los ámbitos económicos, al medio ambiente y a los recursos naturales, a la cultura y la comunicación, a la educación y a la seguridad social, al transporte y a todos los servicios públicos estatales y municipales. Los principales beneficiarios de este régimen del AGCS son las grandes empresas del Norte proveedoras de servicios empeñadas en extender su alcance comercial y en apoderarse de los servicios públicos en todo el mundo.

Las reglas del AGCS obligan a dar el mismo trato a las empresas locales como a las extranjeras. Tambíen quedó prohibido y/o sancionado cualquier apoyo gubernamental selectivo a ciertos proveedores locales de servicios y a determinados sectores de la población. Impone límites a prácticamente todas las medidas gubernamentales que afecten al comercio de servicios: desde la legislación laboral hasta la protección de los consumidores, incluyendo regulaciones, directrices, subvenciones, calificaciones y pautas para otorgar autorizaciones administrativas. El acuerdo incluye, por un lado, disposiciones generales para el tratamiento de los proveedores foráneos de servicios y, por otro, compromisos sectoriales específicos de países miembros para facilitar el acceso ilimitado del capital internacional a ciertos mercados nacionales y locales.

El AGCS restringe la utilización del presupuesto gubernamental en obras públicas, servicios municipales y programas sociales. Interpreta generalmente el gasto público como "subsidio" o "subvención" que distorsiona la igualdad de condiciones. La OMC aspira que se canalicen los fondos públicos hacia empresas privadas imponiendo que se trate igual al sector privado en el ámbito de las adquisiciones, contrataciones y subvenciones públicas.

El texto del AGCS excluye únicamente a aquellos servicios que cumplen a la vez los siguientes tres requisitos: 1) ser suministrados "en ejercicio único de una autoridad gubernamental"; 2) no tener ninguna “base comercial” (o sea, no tener precio) y 3) no ser “suministrados en competición con uno o más proveedores de servicios”. Estos criterios limitan las "excepciones" a monopolios absolutos no-comerciales de la actividad estatal (como por ejemplo el ejército). Así se permitirá que tanto educación, sanidad, tratamiento de aguas residuales, servicios postales, etc. sean objetos de una demanda judicial por parte de un gobierno miembro de la OMC frente al “órgano de solución de conflictos” de esta institución. Y si la disputa judicial decide en contra del gobierno acusado, éste tendrá que liberalizar este sector del servicio público.

¿Qué actitud muestran al respecto las instituciones europeas? Con el argumento explícito de que las provisiones del artículo 55 del Tratado Europeo permiten una lectura igual de estrecha que las del AGCS, la Corte Europea de Justicia obligó al gobierno italiano a romper el monopolio estatal de oficinas de empleo. El mismo tribunal decidió que tanto la concesión para la informatización de la lotería oficial y la elaboración de sistemas de procesamiento de datos para las autoridades públicas en Italia, así como las actividades de los expertos de accidentes de tráfico en Grecia no deben estar excluidas de la competencia privada según el mencionado artículo 55. De esta manera, la experiencia europea sugiere también que muy pocas actividades estatales escaparán del AGCS.

Las propuestas de la Comisión Europea para las negociaciones de la OMC en materia de servicios no dan lugar a dudas que su “mandato” consiste en usar el AGCS para reforzar los intereses de las ETN europeas en las economías periféricas. Incluyen el levantamiento (como supuestas “medidas discriminatorias”) de gran cantidad de requerimientos y obligaciones que muchos estados mantienen frente a los inversores extranjeros: emplear cierto porcentaje de personal local en el liderazgo de una empresa (Tailandia y Filipinas); pagar impuestos especiales sobre las ganancias por no ser inversor local (Indonesia); limitar la entrega de créditos en los mercados financieros locales (África del Sur); formar y entrenar personal local (Egipto); transferir tecnología (Kuwait); limitar el número de proveedores de un servicio (Brasil, Indonesia); limitar la participación foránea en un ámbito o el porcentaje de acciones mantenidas por extranjeros (Filipinas, África del Sur); hacer obligatoria la participación de capital nacional (Marruecos) o exigir la prueba de si una inversión cumple o no con las espectativas de desarrollo social y ecológico (Egipto para hoteles).

En la última Conferencia Ministerial de la OMC en Doha, la Comisión Europea propuso una "prueba de necesidad" mediante la cual los gobiernos de los países miembros tendrían que demostrar que cualquier ley o norma suya que directa o indirectamente afecte a los servicios, "restrinja lo menos posible al comercio" – sin tomar en consideración las necesidades económicas, sociales, tecnológicas o medioambientales del propio país. En caso contrario de que no logren convencer serían expuestos a demandas frente a un jurado de expertos en comercio especialmente creado para ello.

La UE y la 4ª Conferencia Ministerial de la OMC en Doha

En Noviembre de 1999 en Seattle, la resistencia en la calle, los desacuerdos entre EE.UU. y la UE sobre el tema agricultura y la oposición por parte de las delegaciones del Sur frustraron la 3ª Conferencia Ministerial de la OMC. Para la 4ª conferencia, que tuvo lugar del 9 al 14 de Noviembre de 2001, las superpotencias comerciales decidieron relegar sus divergencias para formar un frente común contra las demandas de numerosos países de África, Asia y otras partes del mundo empobrecido que se denominan “en desarrollo”.

De cara hacia fuera, la reunión de Doha tuvo que presentarse como éxito para no deslegitimar más aún a la OMC frente al escenario de una recesión económica mundial en ciernes y debido también a la necesidad después del 11-S de reforzar políticamente a la heterogénea coalición internacional forjada por EE.UU Por su lejanía geográfica y su carácter dictatorial, el emirato árabe de Qatar - el único país miembro de la OMC que se ofreció como anfitrión de esta conferencia, a la que acudieron solamente unas docenas de representantes de la coalición internacional de ONG - fue un lugar idóneo para ello.

El estilo de negociaciones durante la reunión, absoluta parodia de democracia, permitió que todas las delegaciones que contaban con el respaldo de las ETN marginaran una vez más a la mayoría de los países sometiéndolos a una presión sin precedentes. En la conferencia misma abundaban prácticas de chantaje, con amenazas a determinados países del Sur de retirarles preferencias comerciales y ayudas financieras. Además, se presentaban como “consensos” unos resultados de negociación forjados en reuniones informales (llamados “de Salón Verde”) con participación selectiva, presidentes nombrados por la Secretaría y sin actas oficiales.

El papel de la Unión Europea en este juego - una farsa plagada de falacias y engaños que, aún siendo una tragedia para las poblaciones del Sur, podría ser una victoria pírrica para los ganadores - ha sido nefasto. Asumiendo verbalmente las necesidades del mundo “en desarrollo”, en los hechos iba silenciando y contrarrestando en todo lo posible sus demandas reales, sobre todo la de una “moratoria” en las negociaciones con el fin de evaluar objetivamente los impactos económico-sociales de los acuerdos ya existentes de la OMC para sus poblaciones.

Los siguientes dos ejemplos muestran cómo la Unión Europea logró hacer prevalecer, en la Declaración Ministerial final de Doha, los intereses de sus grupos de presión industriales:

- Ejemplo 1: Nuevos ámbitos de negociación

En los meses anteriores a la conferencia, la UE había presionado al máximo para que los países del Sur aceptaran – bajo la falaz denominación de “Ronda del Desarrollo” - la ampliación del abanico de acuerdos comerciales, la cual merma todavía más las capacidades estatales de protegerse frente a la penetración de las empresas transnacionales. En Doha, todos los países miembros se comprometieron a emprender, a partir de la próxima Conferencia Ministerial en 2003, negociaciones sobre los ámbitos nuevos más controvertidos (protección de las inversiones extranjeras , transparencia en la contratación publica, política de competencia , facilitación del comercio). Sin embargo, la Declaración de Doha habla de un consenso que los países miembros tendrán que conseguir al respecto durante la próxima conferencia. En el texto, este consenso se refiere únicamente a las modalidades de las futuras negociaciones sobre los nuevos temas. No obstante, muchas delegaciones del Sur solamente aprobaron este párrafo en Doha interpretándolo en el sentido de que les quedará la opción de negarse individualmente a la realización de las nuevas negociaciones en sí.

¿Qué significa la “ronda” de negociaciones que comienza ahora? A partir de 2003, las negociaciones sobre los nuevos temas controvertidos se unificarán con las renegociaciones en curso (agricultura, propiedad intelectual, servicios) y con algunas nuevas negociaciones acordadas formando un “programa de trabajo” que deberá concluirse definitivamente el 1º de enero de 2005. Veladamente, los grandes poderes comerciales consiguieron en Doha la “Ronda del Milenio” por la que abogaron ya en Seattle (1999). El paquete único de negociaciones multilaterales significa que cualquier concesión en un ámbito de negociación tendrá que ser compensado con contraprestaciones en otro. En este procedimiento siempre ceden más los que menos piden (el Sur y el Este) y ganan más los que más propuestas “liberalizadoras” hacen (el Norte).

- Ejemplo 2: “Servicios medioambientales” y Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente

En las actuales renegociaciones del acuerdo sobre servicios (AGCS), la UE propone negociar sobre un conjunto de servicios llamados “medioambientales” incluyendo el tratamiento de residuos, la recolección, purificación y distribución de agua e incluso la prevención y solución de daños medioambientales. Futuros compromisos en este ámbito, por parte de países miembros de la OMC, apoyarían el liderazgo europeo en tecnología de final de tubería y la expansión de aquellas empresas europeas que más se están apoderando de los servicios públicos privatizados en todo el mundo. Esto implica que, por ejemplo, que la protección del suministro de agua potable como servicio público y derecho básico podría convertirse en “barrera no-arancelaria al comercio”, y lo mismo podría pasar con cualquier reglamentación gubernamental que intente limitar la privatización de los servicios del agua o restringir la exportación de grandes cantidades de agua con fines comerciales.

Consecuentemente, fue la UE la que introdujo, en la Declaración Ministerial de Doha, todo un apartado llamado “Comercio y Medio Ambiente”, donde los países miembros se comprometen a iniciar negociaciones sobre “la reducción o, según proceda, la eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios de los bienes y servicios medioambientales”.

Por otro lado, la declaración corrobora que los acuerdos de la OMC continúan prevaleciendo por encima de los acuerdos medioambientales internacionales. Se destaca que las futuras negociaciones sobre las relaciones entre acuerdos de la OMC y un determinado Acuerdo Multilateral sobre Medio Ambiente no atañerán a países miembros de la OMC que no hayan ratificado un determinado acuerdo medioambiental en cuestión protegiendo explícitamente los derechos de éstos últimos. Con ello, se recompensa actitudes como por ejemplo la del gobierno de EE.UU. cuando se negó a firmar el Protocolo de Kyoto sobre la reducción de los gases invernaderos. EE.UU. podrá apoyarse en los acuerdos de la OMC cuando vea sus intereses comerciales mermados por consideraciones medioambientales “ajenas”.

A modo de conclusión: Pese a su verborrea para tomar en cuenta la situación y los intereses específicos de los países “en desarrollo”, la Declaración Ministerial de Doha ignoró al máximo las demandas reales de los gobiernos y movimientos sociales del Sur o las relegó una vez más al debate en las comisiones. En lo concerniente a la agricultura, no se reconoció el imperativo de soberanía alimentaria y tampoco la necesidad de protección de la pequeña agricultura campesina. Los compromisos contraídos por parte de la Conferencia a realizar negociaciones con el fin de mejorar el acceso a los mercados del Norte y de reducir tanto las subvenciones a la exportación como las ayudas internas quedarán diluidos por el añadido “sin prejuzgar el resultado de las negociaciones” debido sobre todo a la resistencia por parte de la UE.

La voluntad verbal de la conferencia de garantizar a los pobres el acceso a medicamentos baratos – en concreto una declaración aparte sobre la respectiva aplicación del Acuerdo relativo a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) para apoyar la salud pública – quedará descompensada por el hecho de que silencia las problemáticas de la patentabilidad de la vida y la confiscación de la biodiversidad en pro de intereses comerciales.

Los que determinan el discurso oficial sobre la política de comercio internacional de la Unión Europea son verdaderos maestros en ocultar sus intereses reales, valiéndose para ello del lenguaje de los movimientos sociales, pero tergiversando sus contenidos. Detrás de la proclamada vocación de la UE de “humanizar la globalización” de cara hacia los medios, se esconde la vieja y arrogante “misión civilizadora europea”, modernizada en la actual competencia con los demás bloques comerciales en la penetración de los mercados del Sur y del Este.

 

 



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