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LA UNIFICACIÓN EUROPEA Y EL AUGE DEL PODER DE LAS MULTINACIONALES.

Comisión Internacional de Ecologistas en Acción de Madrid
Madrid, España

 

La florida retórica que rodea al término ‘Europa de los ciudadanos’ no puede ocultar la transformación de las sociedades hacia un modelo neoliberal, que impulsa la unificación europea a través del ‘libre comercio’, de las privatizaciones y de la desregulación. Los grupos de presión industriales no son ajenos a la transferencia de poderes a las instituciones europeas y la subsiguiente reestructuración neoliberal. La mayor preocupación de las instituciones de la Unión Europea (UE) es la competitividad internacional, y las prioridades de las grandes empresas son el punto de partida de la toma de decisiones políticas. Una situación profundamente antidemocrática y causa de muchas penalidades, pero de la que gozan enormemente cientos de grupos de presión de la industria, más o menos ambiciosos, creados para influir las políticas de la Unión. Este capítulo proporciona una introducción al auge del poder político de las grandes empresas en el contexto de la unificación europea, prestando especial atención a las políticas de comercio internacional de la UE. El diseñar dichas políticas sobre la base de los ‘intereses ofensivos’ de las empresas transnacionales ‘europeas’ es el pan de cada día para la Comisión Europea, que ve en ellas a su circunscripción natural.

Bienvenidos al complejo burocrático-industrial de la Unión

Las empresas transnacionales, ya sea de forma individual o mediante grupos de presión, se han convertido en poderosos actores políticos, con gran peso en la toma de decisiones de la Unión Europea. Durante los últimos quince años la unificación europea ha entrado en la vía rápida con la finalización del Mercado Único, la adopción de la moneda única y el reforzamiento general de las instituciones europeas. El barón Daniel Janssen, que además de presidir Solvay es un miembro prominente de la Mesa Redonda Europea de Industrialistas (European Roundtable of Industrialists, ERT), describe esta situación como la “doble revolución” que tiene lugar en Europa: por un lado la reestructuración radical de las sociedades por medio de las privatizaciones y la desregulación y por otro lado la transferencia de la toma de decisiones a “una estructura más moderna y de mentalidad más internacional [léase más beneficiosa para las empresas] en el ámbito europeo”. Esta revolución se ha acelerado y facilitado por grupos de presión como la ERT, que representa a las mayores empresas europeas.

La Mesa Redonda Europea de Industrialistas (ERT), es sin duda el grupo de presión europeo más influyente. Reúne a unos 45 magnates de las mayores empresas europeas. No se trata de otro grupo de presión industrial más de los que tratan de beneficiarse de la integración europea, sino que la ERT se creó con la intención expresa de reavivar el proceso de unificación y adaptarlo a las preferencias de las grandes empresas europeas. La ERT vaticinaba el colapso de la economía a menos que una Unión Europea más fuerte proporcionara a la industria un mercado único sin fronteras, inversiones en infraestructura de transporte de alta velocidad y otras condiciones operativas que fueran al menos tan favorables para la industria como las de Estados Unidos y Japón. Haciendo uso de su acceso privilegiado tanto a los gobiernos nacionales como a la Comisión Europea, la ERT ha diseñado la agenda en el ámbito de la Unión, trabajando en pos de la liberalización, desregulación y otras medidas para subvertir todos los niveles de la sociedad a las fuerzas del mercado y a las presiones crecientes de la competencia económica global. El papel del Estado es asegurar las condiciones adecuadas para la competitividad industrial, por ejemplo con regulaciones favorables y subsidios (así en biotecnología, transporte y otras infraestructuras). El mensaje de la ERT se refuerza en Bruselas gracias al coro de otros grupos de presión de la industria, liderados por la patronal europea UNICE y por el Comité de la UE de la Cámara de Comercio Americana (AmCham). Aunque no tan proactivos como la ERT, UNICE y AmCham también han esculpido con éxito el cuerpo emergente de leyes europeas, no perdiendo detalle de ninguna propuesta y abogando por las políticas favorables (y en contra de las demás) al mundo empresarial.

El problema no es tanto que las multinacionales impongan su agenda, sino el hecho de que las dos últimas décadas han visto el auge de una virtual simbiosis entre los más importantes actores políticos y económicos de la escena europea. La Comisión empezó a establecer alianzas estratégicas con la industria a principios de los 80, y desde entonces ha fomentado la participación de las grandes empresas y de las asociaciones paneuropeas en el aparato político de Bruselas. En los años 80, el por entonces Presidente de la Comisión Jacques Delors trabajó codo a codo con los pesos pesados de la ERT para recabar el apoyo de los gobiernos europeos a la propuesta de mercado común y moneda única. Un ejemplo más reciente de la alianza europea industria-gobierno en acción es la activa participación de la ERT en los preparativos de la Cumbre del Empleo de Lisboa (marzo 2000), que dio como resultado un plan de acción ultra-neoliberal para adoptar ‘urgentes reformas estructurales’ de los mercados de trabajo, sistemas de seguridad social, etc. Unos pocos meses después la Comisión Europea, junto a varios grupos de presión industriales – en concreto la patronal belga, la ERT y UNICE – organizaron la primera ‘Cumbre Europea de Comercio’ (European Business Summit), a la que acudieron más de 1000 líderes empresariales y la mayoría de los Comisarios europeos. En dicha cita se redactó una lista con recomendaciones, bastante predecibles, para ‘mejorar la competitividad europea’, que la Comisión Europea se ha comprometido a adoptar. Este tipo de asociaciones dan más peso a las iniciativas de la UE y tienden a reforzar el poder de la Comisión vis-a-vis los Estados Miembros. Las conexiones de la Comisión con la industria varían en las distintas DGs, pero es un fenómeno que no hace más que crecer. El barón Daniel Janssen de la ERT, describe la Comisión como “extremadamente abierta a la comunidad empresarial, así que cuando a un hombre de negocios como yo mismo se le presenta un asunto que necesita participación política, tenemos acceso a excelentes comisarios como Monti para competencia, Lamy para comercio mundial, y Liikanen para comercio electrónico e industria.”

Tan amistosas relaciones entre la Comisión y la industria se ven reforzadas por el fenómeno de puertas giratorias entre ambos lados. Un ejemplo temprano, de los años 80, es el por entonces comisario de industria Davignon, que tras dejar dicho cargo pasó a dirigir el complejo industrial belga Societe General y a presidir la ERT y otros grupos corporativos. Un ejemplo más reciente es el anterior comisario de comercio sir Leon Brittan, que tras su paso por la Comisión empezó a trabajar en el banco de inversiones Warburg Reed Dillon y en la firma de abogados con sede en Londres Herbert Smith, como consultor para temas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), especializado en temas de comercio internacional, mientras que el nuevo Comisario de Comercio, Pascal Lamy, aterrizó en la Comisión directamente tras dirigir el banco francés Credit Lyonnaise. “Me siento muy bien de vuelta en este ambiente” dijo Lamy a los 200 magnates reunidos en la cumbre de 1999 del TABD, el Diálogo Comercial Transatlántico, (Transatlantic Business Dialogue).

La Bruselas actual es un hervidero de lobistas, con más de 10.000 cabilderos profesionales vagando por los pasillos de la Comisión, el Consejo y el Parlamento, la gran mayoría proveniente de firmas de relaciones públicas, grupos de presión industriales y empresas particulares. El gasto total en cabildeo en Bruselas excede el de Washington DC, que era hasta ahora la capital indiscutible de los grupos de presión industriales. Bruselas acoge a más de 500 grupos de lobby de la industria, desde agrupaciones sectoriales que representan la industria nuclear, de armas, química o biotecnológica, a grupos establecidos para influir en la legislación de un tema concreto, como incineración de residuos o el uso del PVC.

La centralización de poder en Bruselas y el déficit democrático resultante han proporcionado a las grandes empresas una ventaja enorme en la arena política europea. Cada vez se traslada más poder decisorio a las dos instituciones europeas más opacas, la Comisión y el Consejo de Ministros, compuesto por los ministros de los gobiernos de los estados miembros. Organizaciones como la ERT se encuentran en una posición absolutamente privilegiada, ya que los directivos de sus poderosas empresas no tienen problemas para acceder ni a los comisarios ni a los altos funcionarios gubernamentales en las diversas capitales europeas. El poder de los grupos de presión industriales se basa precisamente en dicho acceso a la Comisión Europea y en movilizar las alianzas industria-estado tradicionales que siguen siendo fuertes en el ámbito estatal. En casi todos los países, la globalización económica no ha hecho sino reforzar el poder político de sus multinacionales. En la lógica maniaca de los mercados, cada vez más desregulados y globalizados, que mantiene en un puño a los que deciden en Europa, el mantener la competitividad internacional se ha convertido en una cuestión de supervivencia.

Con los mercados europeos y mundiales bajo el control de un número cada vez menor de mega empresas, la concentración de poder económico y político ha alcanzado niveles históricos. Los mercados en virtualmente todos los sectores de la nueva economía de la Unión están controlados por las cinco mayores empresas del sector. Desde finales de los 80, las políticas de liberalización, desregulación y privatizaciones han provocado oleadas de fusiones y adquisiciones que han causado una mayor concentración empresarial. Las mega fusiones, que han creado Goliats europeos y mundiales de la noche a la mañana, han aumentado aún más los poderes negociadores de las multinacionales, y por lo tanto el dominio de las mismas en la toma de decisiones políticas.


¿Hacia una democracia de lobby?

Los movimientos sociales que a menudo constituyen un contra poder real a los grupos de presión industriales en el ámbito local y estatal, siguen siendo relativamente débiles en el ámbito europeo. Como resultado, han perdido numerosas batallas. Sindicatos, organizaciones ecologistas y otros grupos se apresuran a ponerse al día, pero encuentran numerosos obstáculos, como la falta de circunscripción europea. Quizás más grave es la posición de la confederación europea de sindicatos, CES, que parece haber adoptado sin mayores enfrentamientos el modelo de desarrollo neoliberal de la Unión Europea. Desgraciadamente, ocurre lo mismo con muchas otras estructuras europeas de la ‘sociedad civil’.

Los poderes del Parlamento Europeo siguen siendo muy limitados, pero ¿solucionaría el déficit democrático otorgarle más poderes? La influencia de los grupos de presión industriales en el Parlamento constituye también un serio problema, los parlamentarios muchas veces dependen de los lobistas como fuente de información sobre los asuntos que votan, a menudo muy técnicos. En muchas votaciones importantes, los parlamentarios europeos han cedido a la presión de la industria y han sacrificado otros intereses, como el medio ambiente o la solidaridad internacional. Un ejemplo trágico fue la votación de 1999 en la que aprobaron la muy deseada por la industria Directiva de Patentes sobre la Vida. Ese voto fue consecuencia de una intensiva campaña de miles de millones llevada a cabo por la industria biotecnológica, orquestada por la coalición industrial EuropaBio y por multinacionales individuales como Smith-Kline Beecham.

Es cierto que en ocasiones ONGs medio ambientales de estructura y ámbito europeo o internacional también han cosechado éxito en sus campañas de presión al Parlamento Europeo. Sin embargo y casi sin excepciones, estas ONGs se han adaptado a las reglas del juego político en Bruselas, por naturaleza tecnocrático y centralizado. El involucrar a gente directamente afectada en los debates y el movilizar a grupos de base para lograr un cambio real no es parte del juego. El pagar a expertos y cabilderos profesionales para que presionen directamente a los parlamentarios y funcionarios de la Comisión con enmiendas ‘realistas’ y borradores de legislación si que lo es. Incluso si le otorgaran mayores poderes al Parlamento Europeo, no pasaría de ser un modelo de toma de decisiones que en el mejor caso puede definirse como ‘democracia de lobby’, lo que está a años luz de una democracia realmente participativa.

Aquellos que interpretan el actual modelo de unificación europea como un proyecto progresista se están subiendo en el tren equivocado. Está claro que volver a las naciones estado europeas de décadas pasadas o a los modelos económicos que existieron en fases previas de desarrollo del capitalismo tampoco es la solución. Es necesario que los movimientos que luchan contra las políticas neoliberales de la Unión Europea, diseñadas por las grandes empresas, se den la mano con los movimientos que dentro y fuera de Europa luchan por la emancipación y justicia social. Alternativas reales se materializarán a medida que tales coaliciones se desarrollen. Se necesita ese enfoque para construir una oposición a los muchos acuerdos de inversiones y libre comercio globales y regionales promovidos por la UE, que aumentan más aún el poder económico y político de las transnacionales.

La Agenda de Libre Comercio de la UE, Impulsada por las Grandes Empresas

Hoy en día, la UE está de manera simultánea rediseñando las sociedades europeas para que sean ‘competitivas internacionalmente’ y promoviendo de modo activo la globalización económica a través de la desregulación bilateral y mundial del comercio. A pesar de la gruesa capa de retórica pro-globalización en que se envuelven, las políticas de comercio e inversiones internacionales de la UE están gobernados por el deseo de que sus empresas puedan acceder sin trabas a los mercados mundiales. Una lógica similar rige las políticas de los otros grandes poderes globales, que han unido sus fuerzas dentro de la Organización Mundial del Comercio para desmantelar los obstáculos al comercio y la inversión en los países de la periferia.

Se puede afirmar que la toma de decisiones en políticas de comercio e inversiones internacionales es una de las áreas donde la brecha democrática de la UE es más profunda. La Comisión Europea tiene el papel de fijar la agenda, negociando en nombre de los estados miembros en foros como la OMC. El grueso de las decisiones de la Unión Europea sobre comercio e inversiones se toman en el poderoso ‘comité 133’, compuesto de funcionarios de comercio de los estados miembros y representantes de la Comisión. Aunque se informa al Parlamento Europeo, éste carece del poder decisorio (y de una perspectiva crítica) en políticas de comercio exterior. Los parlamentos nacionales no ejercen un control efectivo sobre sus ministros de comercio. Apenas se cuestiona la desastrosa costumbre de la Unión de modelar sus políticas de comercio exterior según los intereses ofensivos de las grandes multinacionales.

En su campaña para desregular el comercio y las inversiones internacionales, la Comisión trabaja codo a codo con grandes empresas europeas y sus grupos de presión. Dichas empresas comparten con la Comisión idéntica visión sobre la misión de la UE en el mundo. Esto queda patente en el caso de las políticas de la Comisión en la OMC. Desde 1998 la Comisión ha batallado por lanzar una nueva ronda de negociaciones dentro de la OMC para liberalizar más aún el comercio y las inversiones. A pesar de las masivas protestas contra la Ronda del Milenio inauguradas en Seattle y que han ido en aumento prácticamente con cada cumbre internacional de comercio en los últimos años, la Comisión sigue ignorando los desastres sociales y ecológicos de la globalización impulsada por las multinacionales, un proceso que una nueva ronda, como la acordada en Doha, Qatar, el pasado mes de noviembre, sólo va aumentar.

En su campaña por la nueva ronda, la Comisión ha refrescado sus relaciones con la industria europea y ha impulsado la creación de nuevas estructuras empresariales para recabar apoyo a dicha ronda, así como para participar en las negociaciones. Contrastando con las huecas afirmaciones de que la nueva ronda persigue un ‘desarrollo sostenible’ y va a responder a las preocupaciones de los países más pobres, la Comisión se muestra ansiosa de dejar que sean las prioridades de las grandes empresas las que definen sus estrategias dentro de la OMC y ve en los grupos de presión industriales un buen aliado en su campaña. Los primeros pasos de esta relación cada vez más simbiótica se dieron durante las negociaciones del Acuerdo sobre Servicios Financieros de la OMC de 1997, en las que la Comisión trabajó en tandem con la coalición industrial Grupo de Líderes Financieros. La estrecha cooperación entre la Comisión y las multinacionales sigue el modelo estadounidense de relaciones gobierno-industria dentro de la OMC. En la cuenta atrás a Seattle, la Comisión coordinó su campaña para lanzar negociaciones sobre inversiones en la OMC con la Red de Inversiones (Investment Network, IN), una ‘red informal’ de representantes del mundo empresarial que creó la Comisión en 1998. Dicho grupo, que representaba entre otros a Fiat, ICI, Daimler-Benz, Carlsberg, British Petroleum, Rhone-Poulenc y otras 45 multinacionales, se creó para identificar las prioridades de las grandes empresas europeas para un acuerdo de inversiones de la OMC. La Comisión también animó a las empresas europeas del sector servicios a crear el Foro Europeo de Servicios (European Services Forum, ESF), que “asesorará a los negociadores de la Unión Europea sobre los obstáculos y países claves en los que se deberían centrar en las negociaciones”.

Como señala la académica estadounidense Maria Green Cowles, “Al trabajar juntos, las empresas y la Comisión presentan a los estados miembros una estrategia negociadora pre-aprobada por la industria europea”. La cooperación de la Comisión con las multinacionales se complementa con un proceso mucho más vago, pero muy publicitado, de ‘diálogo’ con la ‘sociedad civil’. Desgraciadamente, las estructuras de ONGs con sede en Bruselas en general han fracasado en mantener una distancia crítica con la Comisión y su campaña para la Ronda del Milenio de la OMC, bien sea porque les satisface el que les den información o les escuchen, o bien porque con la nueva ronda esperan obtener al menos parte de su agenda reformista, de estrechas miras. El oportunismo de muchas de las ONGs con sede en Bruselas ha permitido a la Comisión jugar al divide-y-gana, afirmando que la ‘sociedad civil’ apoya la nueva ronda de la OMC y etiquetando a aquellos que se oponen como ‘extremistas’.

Otra estructura de presión industrial con un gran peso en las políticas de comercio de la UE es el Diálogo de Comercio Trasatlántico (Transatlantic Business Dialogue, TABD), un ejemplo sorprendente de sinergia industria-política. Más que otro grupo de presión, el TABD se creó a instancias de la Comisión Europea y el gobierno de Estados Unidos, que desde 1995 se dedican a eliminar de modo sistemático cualquier obstáculo al comercio a inversiones transatlánticas. Desde el principio, el TABD, que reúne a más de cien líderes empresariales de ambos lados del Atlántico, ha jugado un papel clave en el proceso. El TABD identifica lo que considera obstáculos (incluidas regulaciones sociales y ambientales) a un mercado integrado transatlántico, y elabora listas de ‘recomendaciones’ políticas que tanto la Comisión como el gobierno de EEUU hacen lo posible por llevar a la práctica. Tanto en Washington DC como en Bruselas, el acceso del TABD al proceso político está muy institucionalizado. El grupo se dedica también a coordinar las posiciones de los dos gigantes en negociaciones globales, como las de la OMC, para evitar fiascos como el de Seattle, causado en parte por las divergencias entre la UE y EEUU. Aunque sigue siendo un gran desconocido para la mayor parte de la opinión pública, las últimas reuniones del TABD se han visto ‘festejadas’ por miles de manifestantes dispuestos a despojar de sus poderes a tan poco democrática alianza estado-industria.

Los grandes beneficiados por las políticas de comercio exterior de la Unión han sido las empresas que han sabido convertirse en jugadores globales. Algunos optimistas todavía creen que la Unión Europea se puede transformar y convertirse en un instrumento para lograr un control democrático y regular las fuerzas del mercado que han sido desatadas tras años de desregulación y globalización económica. Sin embargo la evidencia sugiere lo contrario. El proceso de unificación europea de las últimas décadas se ha construido alrededor de un mayor crecimiento económico, y esa es la herencia que sigue dominando las políticas de la Unión. A pesar de la imagen verde y generadora de empleo que pinta de si misma, las regulaciones existentes no es que ayuden, es que dificultan el cumplimiento de los objetivos sociales y ecológicos. Los fundamentos económicos de la Unión, el mercado único y la moneda única son sólidos como una roca comparados con las regulaciones sociales y ambientales, que a menudo se reducen a palabras vagas y acuerdos voluntarios. La rígida legislación del mercado común no deja lugar a que los estados miembros introduzcan nuevas políticas ambientales, que pueden considerarse obstáculos al libre comercio. De modo similar, la moneda única y los duros requisitos del pacto de estabilidad no se lo ponen fácil a un gobierno a la hora de incrementar el gasto público para crear empleo.

La dependencia económica del comercio e inversiones internacionales, y por tanto, de las empresas transnacionales, ha crecido de forma dramática. Para reducir el poder político de las grandes empresas es necesario acabar con dicha dependencia y hacer hueco a un control verdaderamente democrático de la economía. Los políticos se han esclavizado a la idea errónea de que no hay alternativa. Una de las condiciones imprescindibles para empezar a transformar la situación actual es el que la Unión Europea abandone su ofensiva en pos de la desregulación dentro y fuera de sus fronteras. El potente cóctel del poder político y económico que detenta la industria en la Unión Europea y en el resto del mundo se tambalea cuando los movimientos que luchan porque otro mundo sea posible juntan sus fuerzas y desde la diversidad crean un espacio donde desarrollar nuevas ideas políticas.

 

 



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